El episodio se remonta a la madrugada del 15 de marzo,
cuando ambos agentes realizaron un procedimiento en un comercio ubicado en la
intersección de calles Moulins y Concejal Veiga. Allí detectaron consumo de
alcohol en la vía pública, labraron el acta correspondiente y aplicaron la
normativa vigente.
Sin embargo, lo ocurrido posteriormente encendió la
polémica. La comerciante, también dirigente de La Libertad Avanza en Entre
Ríos, filmó la situación mientras los increpaba y acusaba de hostigamiento el
accionar municipal. El video se viralizó y la gestión municipal tomó nota
accionando contra los funcionares de Inspección General.
Según relató la inspectora Cabrera, el martes 31 de marzo
fueron convocados por un superior jerárquico, quien les comunicó que el
municipio anunciaría públicamente la apertura de un sumario y su apartamiento
“para protegerlos”. Ante la negativa de los trabajadores, la versión se habría
modificado hacia una “investigación interna”, aunque la decisión de difundir la
medida ya estaba tomada.
En paralelo —según se indicó— el mismo funcionario habría
reconocido ante un gremio municipal que el procedimiento realizado por los
inspectores fue correcto, que la infracción existió y que la sanción se aplicó
conforme a la normativa.
Para Compromiso por Concordia, esa contradicción es el
núcleo del problema. “Todos sabían que Cabrera y Uranga habían actuado bien.
Los separaron igual y lo anunciaron públicamente como si existiera una falta
disciplinaria que no era tal”, señalaron.
En ese marco, el espacio advirtió que los hechos “no
constituyen solo una irregularidad administrativa”, sino que podrían tener
implicancias penales. En particular, mencionaron las figuras de abuso de
autoridad y de incumplimiento de los deberes de funcionario público, previstas
en los artículos 248 y 249 del Código Penal.
“Cuando un funcionario dicta una medida sin causa real, con
finalidad política y en perjuicio de trabajadores que cumplieron su función,
podría configurarse un delito de acción pública”, sostuvieron. En ese sentido,
remarcaron que este tipo de conductas no requieren denuncia de las víctimas, ya
que el Ministerio Público Fiscal puede intervenir de oficio.
No obstante, aclararon que no se trata de una acusación
directa sino de un planteo que, a su entender, debe ser analizado por la
Justicia. “Si lo que se relató ocurrió como fue expuesto públicamente, no
alcanza con una disculpa ni con dar marcha atrás. Corresponde que se
investigue”, indicaron.
“Cuando el Estado castiga a quienes cumplen la ley, envía un
mensaje interno muy claro: mirar para otro lado. Eso erosiona la capacidad de
control y termina afectando a toda la sociedad”, afirmaron.
Finalmente, desde Compromiso por Concordia reclamaron que se
esclarezca públicamente lo sucedido, se determine si existió o no una falta por
parte de los inspectores y se revierta cualquier medida que consideren
arbitraria.
El documento lleva la firma del contador Álvaro Sierra, el
abogado Pablo Lapiduz y la licenciada Silvia Dri.
