La denominada Causa Comedores continúa generando repercusiones en Concordia. El director de Comedores de Entre Ríos, Lautaro Azzalini, confirmó que los proveedores alcanzados por la investigación permanecerán suspendidos preventivamente mientras se aguarda una resolución en el ámbito judicial.
En paralelo, la investigación administrativa iniciada por las presuntas irregularidades detectadas en el funcionamiento de los comedores escolares de Concordia llegó a su fin. El expediente fue remitido al Consejo General de Educación (CGE) para que evalúe los pasos correspondientes respecto de la exfuncionaria involucrada.
Azzalini explicó que, cuando surgieron las sospechas, el Gobierno provincial avanzó por dos vías diferentes: una presentación ante la Justicia y un procedimiento administrativo dentro del Estado.
“Nosotros, ante la sospecha, hicimos lo que correspondía. Fuimos, por un lado, a la Justicia, en una causa que tiene la fiscal Daniela Montangie, y, por otro lado, iniciamos un proceso administrativo dentro del Estado a través de Fiscalía”, manifestó.
Un expediente de más de 5.000 fojas
De acuerdo con lo informado por el funcionario, el procedimiento administrativo concluyó luego de un extenso trabajo que derivó en un expediente de más de 5.000 fojas.
Durante la investigación se analizaron facturas, remitos, cuadernos de menús y otra documentación vinculada con las prestaciones de los comedores escolares.
También fueron tomadas declaraciones testimoniales a trabajadores relacionados con el funcionamiento de la coordinación de Concordia y se contrastaron las compras informadas con los servicios que habrían sido efectivamente prestados.
Según Azzalini, Fiscalía encontró elementos que señalarían un grado de responsabilidad de la exfuncionaria investigada y remitió las actuaciones al CGE, debido a que continúa desempeñándose como docente.
Ahora será ese organismo el que deberá evaluar los pasos administrativos que correspondan y la eventual apertura de un sumario.
Qué se investiga en la Causa Comedores
Al referirse a las presuntas irregularidades, Azzalini sostuvo que uno de los puntos investigados fue el supuesto direccionamiento de compras hacia determinados proveedores.
“Lo que queda demostrado es cómo se direccionaban las compras a determinados proveedores y cómo, a través de ese direccionamiento, habría un posible retorno de parte del dinero que tenía que ir a los chicos”, afirmó el funcionario.
También señaló que durante el análisis surgieron documentos que, según su descripción, presentaban características presuntamente apócrifas, además de rendiciones que no habrían podido ser corroboradas con las prestaciones correspondientes.
Estas afirmaciones forman parte de las conclusiones y declaraciones vinculadas al procedimiento administrativo y no deben confundirse con una sentencia penal.
La causa judicial continúa
La investigación penal está a cargo de la fiscal Daniela Montangie y transita por una vía independiente del procedimiento administrativo.
Azzalini indicó que, según la información que maneja, la investigación judicial también habría detectado elementos vinculados con las presuntas maniobras y que durante mayo se habría avanzado con imputaciones.
Será la Justicia la encargada de determinar las eventuales responsabilidades penales de las personas investigadas.
Mientras ese proceso continúa, los proveedores involucrados permanecerán alcanzados por la medida preventiva de suspensión.
De esta manera, la investigación administrativa cerró una de sus etapas, pero la denominada Causa Comedores todavía tiene definiciones pendientes tanto en el ámbito educativo como judicial.
