La Justicia Federal procesó con prisión preventiva a dos personas investigadas por presunto comercio de cocaína entre trabajadores rurales vinculados a la actividad citrícola de Concordia y la región.
La decisión fue adoptada por la jueza federal Analía Ramponi y alcanza a Sabrina Núñez y Matías Salina, quienes permanecerán detenidos mientras continúa la investigación.
La causa es llevada adelante por la Fiscalía Federal de Concordia, a cargo del fiscal Francisco Bernhardt, y contó con la intervención de la División Unidad Operativa Federal Concordia de la Policía Federal Argentina.
Qué investiga la Justicia
De acuerdo con la investigación, los acusados estarían vinculados con el traslado de cosecheros desde Concordia hacia establecimientos citrícolas ubicados en diferentes localidades de la región.
En ese contexto, los investigadores sostienen como hipótesis que habría existido comercialización de cocaína entre trabajadores rurales.
Uno de los puntos de mayor gravedad que analiza la causa es si la droga habría llegado a utilizarse como forma de pago por tareas de cosecha.
Esta circunstancia forma parte de la investigación judicial y, por el momento, no constituye un hecho determinado por una sentencia firme.
Para avanzar sobre la hipótesis, se realizaron tareas investigativas, declaraciones testimoniales e intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente.
Posteriormente se concretaron allanamientos y requisas en los que, según consta en la información de la causa, fueron secuestrados decenas de envoltorios con cocaína.
Procesamiento y prisión preventiva
A partir de los elementos reunidos, la magistrada consideró que existe un cuadro probatorio suficiente —con el grado requerido para esta instancia procesal— para atribuirles el presunto delito de comercio de estupefacientes, contemplado en el artículo 5°, inciso “c”, de la Ley 23.737.
La resolución dispuso además la prisión preventiva de los dos procesados.
Ambos continuarán alojados en la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú, a disposición de la Justicia Federal, mientras continúa la investigación.
La jueza también ordenó embargos superiores a los cinco millones de pesos sobre los bienes de cada uno de los procesados.
El procesamiento no implica una condena definitiva. Los acusados continúan sometidos al proceso judicial y rige sobre ellos el principio de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
