El CPCEER pidió revisar la reforma del Código Procesal Laboral
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER) presentó una nota ante la Honorable Cámara de Diputados de la provincia solicitando la revisión de algunos puntos del proyecto de reforma del Código Procesal Laboral, especialmente las modificaciones previstas en el artículo 39 de la Ley Nº 5.315.
La entidad manifestó su preocupación por el impacto que esos cambios podrían tener sobre los contadores matriculados que se desempeñan como peritos en causas laborales, al considerar que afectarían la regulación de honorarios y las garantías para el cobro de sus tareas profesionales.
Observaciones al proyecto
Entre los principales planteos, el CPCEER solicitó que, al momento de fijar los honorarios profesionales, se contemple no solo el monto económico del litigio, sino también la complejidad del caso, la extensión del trabajo realizado, la responsabilidad asumida y la calidad de la labor desarrollada.
Además, propuso eliminar el límite de ocho "juristas" previsto en el proyecto para la regulación de honorarios, al considerar que podría resultar insuficiente en procesos de mayor complejidad.
El organismo también pidió mantener el mecanismo subsidiario que permite a los profesionales reclamar el cobro de sus honorarios cuando las partes incumplen con esa obligación.
El rol de los peritos
Desde el Consejo remarcaron que los peritos contadores cumplen una función clave dentro de los procesos laborales, ya que realizan informes técnicos vinculados a diferencias salariales, liquidaciones e intereses, aportando elementos fundamentales para la resolución de los conflictos.
En ese sentido, advirtieron que una reducción significativa de los honorarios podría desalentar la participación de profesionales en este tipo de causas y afectar la disponibilidad de peritos especializados.
Defensa del ejercicio profesional
Finalmente, el CPCEER reafirmó su acompañamiento a las iniciativas destinadas a mejorar el funcionamiento de la Justicia, aunque solicitó que durante el tratamiento legislativo se contemplen mecanismos que garanticen una retribución acorde con la responsabilidad profesional y la protección de los derechos de los matriculados.
