La Biblioteca Popular Olegario Víctor Andrade de Concordia volvió a poner sobre la mesa las dificultades económicas que atraviesan las instituciones culturales y reclamó a la Provincia el cumplimiento de los aportes que, según sostiene, están establecidos por la Ley 8092.
Juan Meneguín, referente de la institución, afirmó que los recursos recibidos son inferiores a los que corresponderían de acuerdo con la normativa y señaló que las cuotas de los asociados no resultan suficientes para afrontar todos los gastos.
El reclamo aparece en un momento de importante crecimiento para la biblioteca: según explicó, cuando comenzó la actual gestión solamente 17 socios pagaban regularmente la cuota y actualmente son alrededor de 450.
De 17 a unos 450 socios
Meneguín destacó el aumento de la participación de los vecinos como uno de los principales logros alcanzados durante aproximadamente un año y medio de trabajo.
“Cuando arrancamos, los socios que pagaban la cuota eran 17. Hoy estamos alrededor de 450”, afirmó.
Sin embargo, aclaró que ese crecimiento no resuelve las necesidades económicas de la institución.
La biblioteca debe afrontar gastos relacionados con personal, servicios, mantenimiento, adquisición de material y diferentes actividades culturales.
“Las cuotas son muy bajas y no alcanzan para cubrir todas las necesidades que tiene una institución”, señaló.
A esos ingresos se suman donaciones de libros y colaboraciones económicas realizadas por particulares y entidades.
El reclamo por los fondos provinciales
Uno de los principales cuestionamientos planteados por Meneguín está relacionado con la aplicación de la Ley Provincial 8092.
Según sostuvo, el subsidio anual recibido recientemente por la biblioteca es inferior al monto que correspondería de acuerdo con la normativa.
“La ley es clarita, y los porcentajes son esos”, manifestó.
El referente explicó además que la institución debe rendir ante el Tribunal de Cuentas los gastos efectuados con esos recursos.
Otro punto del reclamo está relacionado con el salario del bibliotecario.
De acuerdo con la interpretación expresada por Meneguín, la normativa contempla que la Provincia aporte los recursos correspondientes a esa remuneración, tomando como referencia una escala vinculada a la docencia.
Sin embargo, aseguró que ese aporte no se estaría realizando.
“El sueldo del bibliotecario no se cumple, porque es imposible pagar un sueldo de esta característica, no tenemos fondos para eso”, explicó.
Gestiones ante distintos organismos
La institución también realizó pedidos de asistencia económica ante diferentes organismos.
Meneguín señaló que se presentaron expedientes ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y CAFESG, y que además intentaron gestionar un subsidio permanente de la Municipalidad de Concordia.
Según su relato, esas iniciativas no obtuvieron hasta el momento las respuestas esperadas.
También recordó que la biblioteca participó del programa provincial Poder Popular con el objetivo de obtener aproximadamente cinco millones de pesos para realizar reparaciones en los pisos y solucionar filtraciones en la terraza.
De acuerdo con Meneguín, el trámite presentado el año pasado quedó sin resolución luego de un cambio de funcionario.
Este año volvieron a presentar documentación, aunque la solicitud fue rechazada por faltar uno de los requisitos exigidos.
Actividades pese a las dificultades
Más allá de las limitaciones económicas, desde la biblioteca aseguran que la institución mantiene sus cuentas ordenadas.
“Estamos pagando, no tenemos deudas”, afirmó Meneguín.
También destacó colaboraciones recibidas desde entidades privadas y cooperativas, que permitieron atender algunas necesidades.
Mientras continúa buscando recursos, la Biblioteca Olegario Víctor Andrade mantiene su agenda cultural.
Entre las propuestas se encuentran encuentros con poetas, cursos, exposiciones fotográficas y un club de lectura impulsado por estudiantes del profesorado de la Escuela Normal que funciona los miércoles.
Con alrededor de 450 socios y una actividad cultural sostenida, la institución busca ahora que los organismos públicos den respuesta a sus pedidos y, particularmente, que se determine si los recursos provinciales que recibe se corresponden efectivamente con lo establecido por la legislación vigente.
