El vocal del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Eduardo López Segura, reclamó que la Justicia investigue “hasta las últimas consecuencias” la denuncia penal presentada contra Marcelo Casaretto y otros cinco exdirectivos de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), relacionada con compensaciones impositivas fraudulentas.
Las declaraciones se conocieron luego de la presentación realizada por María Estrella Martínez de Yankelevich, exjefa del Departamento Despacho de ATER, quien reconoció mediante un juicio abreviado su participación en las maniobras investigadas.
“La Justicia debe investigar”
López Segura sostuvo que el hecho de que la acusación provenga de una persona que participó de las maniobras no debería ser motivo para descartarla, sino que corresponde determinar judicialmente si sus afirmaciones tienen sustento.
“Una persona condenada asegura que las maniobras no podían realizarse sin conocimiento de las máximas autoridades. No alcanza con descalificarla: la Justicia debe investigar”, expresó.
Según la información difundida sobre la denuncia, además de Casaretto, la presentación alcanza a quienes estaban al frente de diferentes áreas de ATER.
La denunciante sostiene que empleados administrativos no habrían podido realizar por sí solos determinadas modificaciones y compensaciones dentro del sistema tributario sin intervención o conocimiento de niveles superiores.
Se trata de afirmaciones contenidas en una denuncia que deberán ser investigadas y eventualmente probadas judicialmente.
Las maniobras investigadas
De acuerdo con López Segura, la causa comprende operaciones realizadas entre 2004 y 2014 y un perjuicio estimado en aproximadamente 46 millones de pesos a valores nominales de aquellos años.
El vocal del IAPV planteó que la investigación debería establecer quiénes tenían capacidad para realizar las operaciones cuestionadas, qué controles existían y cuál era el grado de conocimiento de las autoridades.
Pedido sobre la evolución patrimonial
Otro de los puntos mencionados por López Segura es el pedido incluido en la presentación para analizar la evolución patrimonial de Casaretto, otros exdirectivos y personas presuntamente relacionadas con las maniobras.
El funcionario aclaró expresamente que no estaba afirmando la existencia de enriquecimiento ilegal, sino reclamando que se produzcan las medidas de prueba solicitadas.
“Casaretto debe explicar qué actividades e ingresos tuvo durante sus décadas en la función pública y cómo construyó su patrimonio”, manifestó López Segura.
El planteo deberá ahora transitar las instancias correspondientes dentro del ámbito judicial.
