Rodríguez Signes explicó qué cambia tras el fallo del STJ sobre los desayunos y meriendas escolares
El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, se refirió al reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) sobre el sistema de desayunos y meriendas escolares y sostuvo que la resolución ratifica las facultades del Gobierno provincial para organizar la política alimentaria, aunque establece mayores precisiones sobre los estándares que deberá cumplir.
Según explicó el funcionario, la decisión judicial no modifica el modelo de contratación centralizada impulsado por la Provincia, sino que exige que la prestación se ajuste a los criterios de alimentación saludable establecidos por la legislación vigente.
Qué establece el fallo
Rodríguez Signes recordó que el nuevo sistema implementado por el Gobierno fue cuestionado mediante una acción de amparo presentada por un grupo de padres, AGMER y la Fundación CAUCE.
En ese contexto, señaló que el Superior Tribunal confirmó que corresponde al Poder Ejecutivo definir los mecanismos de organización del servicio, pero aclaró que esa facultad debe ejercerse respetando los estándares previstos por la Ley Provincial N.º 10.594 sobre alimentación saludable.
Según el fiscal de Estado, el Tribunal precisó que el cumplimiento de la normativa no se limita únicamente a excluir productos con sellos de advertencia, sino que toda la prestación alimentaria debe adecuarse a los parámetros nutricionales establecidos por la ley.
No vuelve el sistema anterior
El funcionario sostuvo que, desde su interpretación, la sentencia no ordena regresar al sistema anterior ni reemplaza el esquema de contratación centralizada adoptado por la Provincia.
"Lo que establece es que ese proceso debe desarrollarse cumpliendo los estándares de alimentación saludable que fija la normativa vigente", expresó.
En ese sentido, afirmó que la resolución mantiene dentro de la órbita del Poder Ejecutivo la responsabilidad de definir cómo implementar la política alimentaria escolar.
La interpretación del Gobierno
Para Rodríguez Signes, el fallo deja en claro que la Justicia fija el estándar que debe cumplirse, pero no sustituye las competencias propias de la Administración provincial.
Finalmente, sostuvo que la resolución reconoce las facultades del Gobierno para organizar esta política pública y, al mismo tiempo, brinda una mayor precisión sobre las condiciones que deberá reunir el servicio de alimentación escolar.
